CUESTA ENTENDER cómo es posible que la Audiencia de A Coruña condenase a 44 años de cárcel a Pedro Raño por violar y maltratar durante doce años a sus tres hijastras y que, tras permanecer dos años preso, el Tribunal Supremo le absuelva por falta de pruebas concluyentes. Se supone que para un veredicto tan terminante son necesarias evidencias irrebatibles, y choca que el tribunal coruñés decidiese la pena, parece, en base a la credibilidad testimonial de las víctimas, que siempre pueden mentir. Incluso dicen que la exmujer de Raño ya había acusado por hechos similares a su primer marido, demostrándose en su día la falsedad. Ahora se enfrenta a otra posible querella por denuncia falsa. Es preocupante que algunos jueces cimenten dictámenes de culpabilidad en indicios y convicciones, ligerezas como si fuesen certezas irrefutables, alentadas a veces por juicios paralelos y mediáticos, quedándose al final en meras patrañas. Es de una gravedad extrema, y los responsables deben pagarlo, que una persona permanezca dos años privada de libertad por un confuso veredicto. Así se explica que la Justicia sea poco de fiar.
