[Información publicada en la edición de Diario de Pontevedra del pasado 14 de febrero de 2017 ]
María Isabel Carragal (46 años y natural de Marín) lleva luchando desde mediados de 2013 contra el cáncer de mama y desde poco después contra la Administración en casi todas sus caras, la administrativa, la sanitaria y, más recientemente, la judicial.
La enfermedad le ha dejado sin los dos pechos, con secuelas limitantes y desde hace unos meses con metástasis. En cambio, el Juzgado de lo Social de Pontevedra considera que está en condiciones de trabajar, lo que le ha llevado a recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "Estoy con metástasis y con quimioterapia y dicen que estoy para trabajar, es denigrante", critica.
El origen de su periplo judicial comenzó en enero de 2015, cuando solicitó la incapacidad permanente absoluta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cinco meses más tarde, el órgano estatal le informó de que le concedía una incapacidad total, una declaración compatible con la actividad laboral habitual y que, en su caso, está valorada en 388 euros mensuales.
Isabel consultó a una abogada y reflexionó unos días, pero pronto decidió "ir a por todas" y demandar al Instituto Nacional de la Seguridad Social para conseguir la incapacidad absoluta, una categoría que exime al solicitante de trabajar y que en su caso rondaría los 688 euros (según la última valoración de su base de cotización). "Estaba cabreada, tenía dos hijos menores a mi cargo (ahora uno de ellos es mayor de edad) y ya no tengo nada que perder", señala.
"Denuncié porque estaba cabreada, tenía dos hijos menores a mi cargo y ya no tengo nada que perder"
Su decisión la llevó a renunciar a la incapacidad parcial declarada y a seguir pendiendo de un hilo en el apartado económico. Por aquel entonces cobraba el subsidio, una ayuda por valor de 426 euros que dejó de percibir en noviembre del año pasado. Actualmente recibe "el último invento del Gobierno", una Renta Activa de Inserción por el mismo importe y que también tiene fecha de caducidad: "Se termina en octubre de este año".
El juicio fue fijado para noviembre de 2016 en el Juzgado de lo Social número 1 de Pontevedra, un año y cuatro meses más tarde de interponer la demanda. En ese tiempo de espera le reconocieron una discapacidad superior al 65%, que le dio acceso a ciertos "privilegios, entre comillas" y que adjuntó a la documentación presentada en los tribunales. También en ese plazo fue cuando un TAC le asestó la enésima bofetada. El cáncer había vuelto a hacer de las suyas, dando lugar a "dos metástasis".
Su abogada incorporó el informe de radiología a la documentación de la demanda, convencida de que la Justicia se quedaba sin argumentos para denegar la solicitud de incapacidad absoluta. En noviembre del año pasado se celebró el juicio y, según relata la afectada, la defensa de la Seguridad Social no se pronunció ni solicitó la desestimación de la denuncia, lo que hizo que ambas, Isabel y su abogada, salieran "bastante optimistas" de la sesión.
"No han tenido en cuenta ni la declaración de minusvalía ni la metástasis. Es la gota que colma el vaso"
El golpe de realidad llegó en diciembre, a través de una sentencia que tumbó de plano sus reivindicaciones. El Juzgado de lo Social reconoce que tiene limitaciones para desarrollar las tareas "que son propias de su profesión" (como operaria en una fábrica de congelados), pero considera que "no tiene anulada su capacidad laboral para la realización de otras actividades más livianas".
Con la sentencia en la mano, lo que más le duele "es que no hayan tenido en cuenta ni la declaración de minusvalía ni la metástasis. Es la gota que faltaba para colmar el vaso de la decepción que tengo con la Administración, la Justicia, la sanidad... Ya no respetan los derechos básicos e insultan nuestra inteligencia. Es una irresponsabilidad que un magistrado ningunee los informes médicos para emitir una sentencia favorable a la Seguridad Social y es intolerable que tarden más de un año en pronunciarse. Ha dado tiempo a que la enfermedad empeore y no solo me perjudican a mí, sino que perjudican a mis hijos", critica la afectada.
SIGUIENTE BALA. Isabel trabajaba como empleada en una fábrica de congelados, pero la enfermedad la acabó apartando del mercado laboral. Desde que le diagnosticaron cáncer, se sometió a varias operaciones, pasó por innumerables sesiones de quimioterapia y radioterapia y ha perdido los dos pechos (mediante una mastectomía doble), junto a 17 ganglios linfáticos en la axila izquierda que le han dejado el brazo sin fuerza.
"Hay gente que dice que me puedo dar con un canto en los dientes, pero la Seguridad Social me da con piedras en la boca"
La propia inspectora médica que la evaluó cuando solicitó la incapacidad absoluta concluyó en su informe que presentaba "secuelas incapacitantes", así como "limitaciones para trabajos que requieran fuerza, destreza manual o movimientos repetitivos". Sin embargo, la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades terminó denegando la solicitud por no encontrarse "en la situación de invalidez en ninguno de los grados legalmente previstos".
Isabel tiene momentos en los que le pueden "las ganas de tirar la toalla", pero está decidida a "quemar un último cartucho" y pedir la revisión de su expediente de incapacidad. Solo espera que el final sea diferente a su última experiencia: "Ya lo solicité en diciembre y me contestaron en enero con una respuesta... Me dicen que el plazo para resolver es de 135 días y que, si transcurrido ese tiempo no hay contestación, debo entender la solicitud por desestimada. Increíble".
VALEDOR DO POBO. Otro frente abierto es el del Valedor do Pobo. Isabel se ha dirigido a la entidad en dos ocasiones por este asunto (además de recurrir al Defensor del Pueblo) y le han dicho que ya están estudiando su caso y que "pueden intervenir" en lo referente a la solicitud de revisión de su expediente de incapacidad ante la Seguridad Social.
Al igual que en la batalla judicial, el objetivo es conseguir la declaración de incapacidad permanente absoluta, aunque la retribución económica diste de satisfacerle. "Son cantidades irrisorias. No sé qué importe me tocaría ahora, pero 600 euros para una persona que está a cargo de dos hijos no es suficiente. Hay gente que dice que me puedo dar con un canto en los dientes, pero yo respondo que la Seguridad Social me está dando con piedras en la boca, porque después de 18 años cotizados y ante una enfermedad como esta, creo que la cobertura económica no tiene que basarse en la misma valoración técnica que hay para las enfermedades comunes. No estoy capacitada para trabajar y no lo digo yo, lo dice una inspectora médica. De qué nos vale una Seguridad Social que desdice lo que opinan sus funcionarios. Es un sinsentido".
