La Galicia verde lanza su último S.O.S.

DIEZ MEDIDAS ► La enésima tragedia del monte gallego representa una ocasión única para ganarle la guerra al fuego de una vez por todas
La Galicia gris que año tras año gana terreno
photo_camera La Galicia gris que año tras año gana terreno

DÉCADAS DE BARRA libre en la ordenación del territorio, aceleración del éxodo poblacional en el rural, constatación del cambio climático, irrupción de un poderoso lobby forestal y arraigo de una cultura de la llama. Ese cóctel es Galicia y basta lanzar una cerrilla encendida sobre él para comprobar lo que ocurre: cuatro víctimas mortales, más de 35.000 hectáreas reducidas a cenizas y el fundido a negro del paisaje para terminar la película. Una tragedia incendiaria, la enésima, que obliga a aparcar las medidas cosméticas y adoptar otras de calado de una vez por todas. Lo contrario sería, nunca mejor dicho, jugar con fuego... si es que en la Galicia verde todavía queda algo por quemar.

1- La necesidad de llevar habitantes al rural
El rural tiene monte, pero no gente. La despoblación no es un fenómeno nuevo ni mucho menos, pero se acelera de forma peligrosa. Ningún ejemplo mejor que el del mayor concello de Galicia. A Fonsagrada rozaba los 14.000 vecinos en 1950 y hoy no llega a 3.800; y solo en los últimos 20 años perdió más de mil por década. La hemorragia tiene además dos vías: gente mayor que se muere y éxodo hacia la ciudad. Las siete áreas metropolitanas ya concentran más de la mitad de la menguante población gallega. Y con un rural sin gente ni animales domésticos, cualquier estrategia de lucha contra el fuego es una pérdida de tiempo y de dinero. El ganado necesita pasto, un cortafuegos natural; las casas habitadas tienen entornos y fincas limpias de maleza; y cada vecino del rural aporta dos ojos a la vigilancia. La experiencia del pasado avala esta teoría.

Por ello, la receta de repoblar el rural es la más importante, pero también la más compleja. La Xunta trabaja desde hace tiempo tratando de revertir esa situación. Por ahora lo hace con rebajas fiscales para la actividad agroganadera o la vivienda, con la dotación de servicios -casas nido, transporte o tecnología- o el impulso del turismo. Es pronto para evaluar su impacto, pero hay pesimismo. Las distintas variantes del Camino de Santiago se revelaron hasta el momento como la única varita mágica capaz de resucitar concellos moribundos del rural gallego; pero no hay una ruta jacobea para cada ayuntamiento.


Eduardo Rojas se atrevió a verbalizar meses atrás lo que era un secreto a voces: los años electorales aumentan los incendios


2-Más parcelarias frente al minifundismo
En una Europa con una superficie forestal media por país del 40% del territorio, en Galicia representa el 75%. Son dos millones de hectáreas de monte, arbolado y raso, que suponen el 7,4% de la superficie forestal de España. Están gestionadas por casi 700.000 propietarios de pequeñas parcelas y unas 3.000 comunidades vecinales. Es el paradigma del minifundio, un modelo que lleva lleva años agotado. Este sistema de organización de la propiedad en millones de 'ferrados' resta rentabilidad al monte -cuesta más contratar un camión para recoger una veintena de eucaliptos que la propia madera, por ejemplo-, lo que se traduce en el abandono de esas pírricas fincas y, consecuentemente, en su inmediata conversión en combustible para las llamas.

La receta contra este mal está clara: concentraciones parcelarias. La administración Fraga puso la primera piedra, pero ni la Xunta ni los alcaldes querían entonces líos con los vecinos, lo que eternizó esos procesos de agrupación de tierras durante décadas, convirtiéndolos, salvo contadas excepciones, en inútiles. Ahora, la Xunta quiere dar un paso al frente a través del reglamento de la Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria (Metaga), que espera aprobar este año y permitirá simplificar los trámites de las parcelarias. El objetivo: que en 2020 estén listas todas las que hay abiertas y que involucran a 92.000 propietarios y 116.000 hectáreas. Además, la norma contempla que Medio Rural solo impulse parcelarias donde hay actividad económica. Las fincas grandes son más rentables... y más seguras.

3- Respetar las franjas de seguridad
En una Galicia con 30.000 núcleos poblacionales, una red viaria interminable que permite la movilidad por cada rincón del territorio y unos datos de superficie forestal que asustan, marcarse como objetivo evitar que prenda ningún fuego resulta demasiado ambicioso. Pero no lo es tratar de minimizar sus efectos, especialmente cuando hay vidas humanas en juego. Y aquí entra en escena un elemento fundamental: las franjas de seguridad. No son otra cosa que las distancias del monte y la maleza a las viviendas o vías de comunicación, unos metros que salvan vidas.

Es una cuestión que lleva muchísimos años regulada, con la última actualización a través de la ley de montes de 2012, pero que constituye uno de los ejemplos más claros de dejadez de las distintas administraciones con competencias en la materia, sean del color político que sean.

Como ejemplo, los polémicos eucaliptos deben estar a 10 metros de las carreteras, a 30 de las casas y a 50 de las gasolineras. Sin embargo, los propietarios apuran las plantaciones hasta las cunetas y la puerta de su vivienda. Es una imprudencia, tanto por el fuego como por el viento, pero se asume el riesgo con la complicidad del ayuntamiento de turno. La Fegamp dice que los concellos no tienen medios para vigilar, limpiar o localizar a los dueños infractores, pero la realidad es más sencilla de explicar: ningún alcalde quiere multar a un vecino que vota cada cuatro años. Y menos inutilizarle 100, 200 o 300 metros cuadrados de su finca en forma de franja de seguridad, porque a lo mejor significa que tiene que perder la mitad de su parcela. Otra consecuencia del minifundismo.


El simple hecho de que se especule con el negocio del fuego es negativo, porque no se podrán evitar tragedias incendiarias futuras 


El resumen es que nadie tendría que perder la vida defendiendo su vivienda de las llamas si estas no se acercan a ella ni le caería encima un pino ardiendo cuando va en coche si el más cercano está plantado a 30 metros. Aquí no estamos ante un esfuerzo titánico como el de llevar gente de nuevo al rural; es una cuestión de voluntad política. De mirar más allá del cortoplacismo de las urnas, porque lo que está en juego son vidas. Tras lo vivido estos días, concellos como Mos o Ribadeo o la propia Xunta ya anunciaron tolerancia cero con las fincas sin limpiar.

4- Nuevo plan forestal y legislación actualizada
Reducir el análisis sobre el fuego en Galicia al debate eucalipto sí o eucalipto no es simplificar demasiado. Sin embargo, sí se antoja determinante para acabar con la plaga incendiaria disponer de una nueva ordenación forestal que ponga fin a décadas de barra libre. Las llamas no solo se combaten con manguera y desbrozadora, sino también con leyes; y muchas de las normas gallegas en la materia quedaron obsoletas. La Xunta lo sabe y ya se puso manos a la obra para disponer de un corpus legislativo actualizado, tanto en las normas específicas del monte como en aquellas que, por su transversalidad, tienen impacto en él, caso de la Lei do Solo, que por ejemplo penaliza la dispersión poblacional en el rural.

En esa batalla administrativa juega un papel fundamental un nuevo plan forestal, ya que el actual data de 1992. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, anunció esta semana que antes de final de año estará listo el borrador. Tanto oposición como sindicatos y sector ya tendieron la mano para aportar cosas a una herramienta que marcará la gestión del monte los próximos años y que nace con el objetivo de "implantar una cultura forestal en Galicia".

De hecho, la Xunta ya trabaja en un mapa de plantaciones donde, por ejemplo, se veta el eucalipto en toda la provincia de Ourense, 29 concellos de Lugo y otras zonas del interior gallego zonas, donde se priorizarán las frondosas.

La ley gallega de montes, por su parte, es bastante actual. Fue la primera que tuvo Galicia y se diseñó bajo la batuta de Samuel Juárez como conselleiro de Medio Rural, para ser finalmente aprobada en 2012. Introduce una serie de medidas novedosas para poner en valor el monte o combatir el minifundismo y se va desarrollando a base de distintos reglamentos.

En enero de 2014, la Xunta dio luz verde al decreto de aprovechamientos forestales, donde se prohibió el pastoreo en zonas quemadas durante dos años -medida para frenar los fuegos prendidos por ganaderos para regenerar pasto, práctica muy arraigada en algunas zonas de Ourense-; y también regula la retirada de madera quemada. Otras muestras de la actualización legislativa en materia forestal son los vetos a la actividad cinegética en zonas calcinadas, la prohibición de recalificar terrenos quemados o la citada Metaga para agilizar las parcelarias.

Y el ejemplo más reciente es la introducción, a través de la ley que acompaña a los presupuestos de 2018, de numerosas modificaciones en el articulado de la ley de prevención de incendios, la de movilidad de tierras y la de montes mancomunados orientados a reducir el riesgo de fuegos. Galicia dispondrá de 170 millones en 2018 para prevención y extinción.

Estos textos y otros en fase de planificación y diseño son cortafuegos administrativos sin los cuales la guerra contra los incendios carecería de sentido.

5- Reforma del Código Penal para pirómanos
"Non queremos ter a sensación de que prender lume sae barato". Son palabras pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo esta semana. No es la primera vez que las dice, como tampoco es la primera vez que demanda la asimilación de los delitos de incendiarios a los de "terrorismo", con el fin de conseguir un efecto disuasorio. Sea o no al nivel que sugiere el titular de la Xunta, lo cierto es que la reforma del Código Penal se antoja como una herramienta fundamental para combatir el fuego.


La supervivencia de la Galicia verde pasa, sí o sí, porque la cuestión forestal e incendiaria esté presente y en lugar destacado en la agenda política


El primer paso en este sentido se dio ya en 2013, cuando el Ejecutivo gallego, dentro de sus competencias, trató de endurecer los castigos en varios frentes: personándose en cada causa para pedir prisión para los pirómanos y fijando la imposición de que abonen, en caso de condena, los daños que se produzcan por la extinción y los destrozos en propiedades. El siguiente paso sería, directamente, el endurecimiento de la pena de prisión en sí. Y, de paso, habilitar algún tipo de mecanismo que permitiese matices, ya que no debería de ser lo mismo sentar ante el juez de turno a toda una trama delictiva de incendiarios que a un agricultor octogenario al que se le escapó una quema.

Aún así, el ámbito judicial seguiría cojo en lo que se refiere a la lucha contra los incendiarios. En un sistema garantista como el español prácticamente se necesita sorprender al infractor con el mechero en la mano... ¡y encendido! Los datos dicen que en los últimos cinco años se denunciaron 2.500 delitos de incendio forestal y solo el 7% (170) fueron a juicio. En parte es lógico: las llamas se llevan con ellas las pruebas, en un campo despoblado apenas hay testigos y, para colmo, muchas veces impera una ley del silencio muy arraigada entre los vecinos del rural.

Pese a todos estos condicionantes, hay expertos optimistas. Si se pudo hacer con los delitos de tráfico a través de juicios rápidos, medidas como el carné por puntos o rascando más el bolsillo del infractor, con el fuego también se puede ayudar a frenar la actividad delictiva por la vía penal.

6- Mejor coordinación ante las emergencias
Fuera del ámbito administrativo, sobre el propio terreno, la lucha contra las llamas también cojea. Una de las causas hay que buscarla en la coexistencia de distintos cuerpos de extinción y prevención, dependientes a su vez de diferentes administraciones, lo que inevitablemente complica su coordinación ante emergencias.

Los ayuntamientos siguen contratando año tras año a sus brigadistas para la campaña estival, otro de los mecanismos de compra de voluntades políticas que se sostiene bajo el argumento —dudoso— de que los medios locales conocen más el terreno. Después están los profesionales de la Xunta, los de empresas privadas, los dependientes del ministerio o el propio Ejército. Un dispositivo contra el fuego que, aunque demuestra campaña tras campaña su eficacia —Galicia presenta unos tiempos de respuesta al fuego de 15 minutos—, es mejorable.

Quizás el futuro debe pasar por un cuerpo único de prevención y extinción, sostenido con fondos públicos de distintas administraciones. Mejoraría su coordinación y pondría fin a la precarización que afecta a algunos brigadistas, bomberos y agentes, acabando con las diferencias salariales, de medios e incluso competenciales que hoy lastran los operativos.

No parece nada descabellado teniendo en cuenta que la propia UE insinuó estos días la necesidad de crear un cuerpo de Protección Civil único a nivel continental.

7- Nueva cultura medioambiental
"Galicia está en deuda con su monte". La frase la pronunció Enrique Valero, director de la Escuela Técnica de Forestales de la UVigo, durante un foro de expertos en la capital gallega en 2011. Se refería al llamado pago por servicios ambientales, una moda que por entonces aterrizaba en Europa pero totalmente desconocida en Galicia. En la práctica, consiste en pagar al dueño de un monte una especie de compensación económica por mantenerlo en estado óptimo, basándose en los beneficios que ese bosque presta a la sociedad: ofrece agua limpia, produce oxígeno, captura carbono, alimenta la fauna y la biodiversidad y contribuye a mejorar el paisaje.


En democracia solo ardieron en Galicia más de 100.000 hectáreas anuales en tres ocasiones: 1981, 1985 y 1989


Pensar en la aplicación de algo similar en Galicia hoy en día es casi utópico, pero sí que es una práctica que marca el camino a seguir hacia un cambio de cultura ambiental imprescindible para evitar en el futuro oleadas incendiarias como la que se acaba de vivir. Un camimo que se ve reforzado además por la introducción de la educación ambiental en la enseñanza reglada, lo que garantiza sobre el papel que las generaciones venideras mirarán al monte gallego de otra forma. Se trata, en definitiva, de cambiar el chip en una Galicia donde en ocasiones se ampararon auténticas atrocidades ambientales bajo el paraguas de la tradición.

Uno de los mejores ejemplos para ilustrar esta reflexión es el de la gestión del lobo. Aquí, la Administración invierte dinero en indemnizar al ganadero cada vez que pierde animales por un ataque, una práctica que soluciona la cuestión económica pero no las heridas abiertas entre el habitante del rural y su entorno, al que ve como enemigo. Sin salir de España, hay zonas donde se hace al revés: se paga al ganadero una compensación en base al número de lobos censados en su área de influencia. Así, el profesional del campo se implica en la conservación del lobo y su hábitat, porque le interesa. Lo mismo que en Europa se propone hacer con el bosque: pagar al dueño por conservarlo, no indemnizarlo cuando arde.

8-Aplicación de las nuevas tecnologías
Es imposible vivir de espaldas a la sociedad y la actual está gobernada por las nuevas tecnologías. Por eso, a la hora de plantear recetas contra tragedias forestales no se puede hacer sin contar con estas herramientas, que ofrecen un sinfín de posibilidades en muchos ámbitos, aunque por desgracia también para los incendiarios.

La primera aplicación que se viene a la mente es la de la vigilancia. En una era en la que los satélites son capaces de fotografiar la aguja en el pajar desde el espacio, resulta indispensable contar con esa tecnología para dar caza a los pirómanos; del mismo modo que la de los drones. Son sistemas caros, pero en lugar de darles un uso generalizado que dispararía el gasto sí podrían concentrarse en zonas sensibles, aquellas de gran valor como los parques protegidos, con el fin de evitar que, como ocurre en O Xurés o monte Pindo, se asuma con naturalidad que habrá fuego cada dos o tres años. Esos mismos satélites son, además, los que ayudan a perimetrar los montes, fincas y pistas para tener mapas más fiables a la hora de combatir las llamas.

Pero tampoco se puede obviar la ayuda de la innovación cuando, como ocurre ahora mismo en Galicia, toca abordar con urgencia la recuperación del monte calcinado. Gracias a los estudios y la tecnología hoy sabemos que es bueno retirar la madera quemada para evitar la expansión de parásitos y las plagas de insectos; o que los monocultivos son autopistas para las llamas y la combinación de especies un freno. La inversión en tecnología es vital, ya que permite replantar semillas con máquinas como la retroaraña —siembra sin apenas pisar el suelo quemado para no dañarlo— o las piñas de material biodegradable —que se lanzan desde el aire para repoblar en zonas de difícil acceso por tierra—. Y la aplicación de materiales geotextiles de última generación a láminas y microdiques mejora la fijación de la ceniza y la contención de las ‘escorrentías’.

9-Acabar con el negocio del fuego
Sin lugar a duda, el asunto más espinoso que surge a la hora de abordar las causas de las tragedias incendiarias y sus posibles soluciones es el de la existencia de un auténtico negocio del fuego asentado en Galicia. En el epicentro del mismo estaría un poderoso lobby forestal que fue creciendo y preparando el terreno desde los últimos años del franquismo. ¿Y quién integra ese grupo? Pues aquellos a los que, sobre el papel, benefician las llamas: viveros de plantas, papeleras, vigilantes privados, empresas ambientales, ingenieros forestales, brigadistas... Un poderoso conglomerado que sacaría tajada con los incendios, hipótesis avalada por media sociedad y elevada por la otra mitad a una teoría conspiranoica sin base.

Este debate cala poco a poco en una sociedad consciente de que si detrás del fuego se esconde realmente un monstruo con tantas cabezas, la batalla está perdida. El simple hecho de que se especule con el negocio del fuego es negativo, porque no se podrán evitar tragedias incendiarias futuras en un ambiente de tanta desconfianza.

10-Despolitización de los incendios
El pleno monográfico sobre el fuego que habrá en noviembre en el Parlamento demuestra la importancia que dan los políticos a esta problemática. Eso sí, lo hacen después de una gran tragedia o, como mucho, en el balance final de cada campaña estival. El resto del año el asunto se guarda en el cajón. La supervivencia de la Galicia verde pasa, sí o sí, porque la cuestión forestal e incendiaria esté presente y en lugar destacado en la agenda política; que no es lo mismo que politizar el asunto. Al contrario, la despolitización del fuego sería de gran ayuda para acabar con él; igual que la aplicación de leyes que no cambien cada legislatura.

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, se atrevió a verbalizar meses atrás lo que era un secreto a voces: los años electorales aumentan los incendios. En democracia solo ardieron en Galicia más de 100.000 hectáreas anuales en tres ocasiones: 1981, 1985 y 1989, casualmente tres años de elecciones autonómicas. Los ejercicios en los que los gallegos van a las urnas arden de media 56.849 hectáreas; los no electorales, 41.867.

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