El cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, adoptado este viernes por el Govern, no le librará automáticamente de la multa, pues el Tribunal Constitucional examinará antes si ha acatado sus resoluciones, como hará también con cada uno de los afectados.
El Constitucional multó con 12.000 euros diarios a Jové y a los juristas encargados del seguimiento del 1 de octubre, los síndicos electorales centrales. A los síndicos territoriales y a Montserrat Vidal, jefe del área de Procesos Electorales, les multó con 6.000 euros.
Se trata de multas coercitivas impuestas para obligar al cumplimiento de las resoluciones del tribunal (en concreto, la suspensión cautelar de la ley de referéndum, de la Ley de transitoriedad y de los nombramientos de los síndicos).
La Generalitat ha destituido de su cargo al secretario general Jové para librarlo de esa multa, pero ello no bastará para conseguir evitar el pago. La situación no es tan simple y la multa no decaerá de modo automático al tiempo que se produzca el cese.
El TC tiene que estudiar la actuación de cada uno de los multados antes de decidir si han cumplido y cuándo sus resoluciones, y en función de ello contabilizará, pasadas las semanas inmediatas al 1 de octubre, si debe cobrarles Hacienda y cuánto.
Para que cesen las multas el TC exige a los afectados la revocación de todas sus decisiones y acuerdos; la comunicación de tal revocación a los destinatarios de sus actuaciones y la renuncia a sus cargos de los síndicos.
El Govern ha tomado la decisión en una reunión de gobierno extraordinario celebrada hoy a las 9.45 horas, en la que ha aprobado un decreto con un único artículo en el que se comunica el cese de Jové, a quien se le agradecen los "servicios prestados" y su "lealtad".
