El Ministerio Fiscal ha mantenido que los delitos de alzamiento de bienes de los que acusaba a cuatro miembros de la directiva del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), que llegó a ser el primer grupo cerámico de España, han prescrito tras transcurrir unos 20 años desde los hechos, por lo que ha retirado la imputación respecto a ellos.
El juicio por estos hechos, que desde enero de 2016 fue aplazado en varias ocasiones por diversos motivos, ha arrancado en la mañana de este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde se está previsto que se prolongue hasta este viernes.
Pese a la petición del fiscal, a la que se han adherido las defensas, el Tribunal ha desestimado la prescripción y ha continuado la vista contra José Orozco R.M., los hermanos Mariano y Francisco J.A., y Vicente M., a los que la acusación particular, ejercida por extrabajadores de GEA, acusa de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores. Por su parte, un quinto acusado, Enrique Fidel T.H., sigue en paradero desconocido.
En este marco, la acusación particular, que sostiene que los acusados lograron "la total descapitalización" de GEA, ha reconocido que el procedimiento es "excesivamente largo", pero ha apuntado que "nunca ha estado paralizado" el tiempo suficiente para que los hechos se consideren prescritos.
Por su parte, los abogados de las defensas -de los acusados (los hermanos se representaban mutuamente) y de dos sociedades-, han pedido también la prescripción y la anulación de las actuaciones y han cuestionado la legitimidad de la acusación particular ejercida por los trabajadores agrupados en el Grupo de Opinión GEA, si bien el Tribunal ha desestimado todas estas peticiones.
AÑOS 90. Los hechos se remontan a principios de los años 90, cuando el Instituto Nacional de Industria (INI) vendió GEA a la sociedad valenciana Estudesa, cuyos responsables, según el anterior escrito de Fiscalía, "concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito" transfiriendo patrimonio de GEA a Estudesa y a otra sociedad de la que era accionista.
Para ello, fundaron Vanosa en 1993, una firma cuyo capital era la finca del grupo en la parroquia viguesa de Cabral. Usando esa finca como garantía hipotecaria, solicitaron un crédito de 450 millones de las antiguas pesetas al Banco Exterior -2,7 millones de euros- que luego no devolvieron, por lo que la entidad financiera se quedó con los terrenos.
DEL ÉXITO A LA QUIEBRA. El grupo GEA , creado en los años 20 por un ourensano retornado de Cuba, llegó a tener más de 5.000 empleados, cinco plantas de producción y más de 30 puntos de venta en toda España, especializados en loza, porcelana, vidrio y cerámica.
Empresas Álvarez entró en crisis a mediados de los años 70, debido a la acumulación de deudas, la mala gestión y la competencia de otras empresas. En 1976 pasó a manos del INI y, en los 20 años siguientes, fue cambiando de dueños sin que su situación económica mejorase, sino todo lo contrario.
Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, la incertidumbre sobre su futuro y las protestas de los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos, desembocaron en lo inevitable: GEA entró en suspensión de pagos en 1997. La producción se mantuvo, no obstante, hasta octubre de 2001, pero esta industria nunca recuperó sus niveles de producción, facturación y empleo.
Los exempleados de GEA se reunieron en varios grupos y lograron hacerse con los terrenos de la empresa en subasta judicial. Posteriormente, cada uno de los tres grupos constituidos vendió la parte del patrimonio que le había correspondido a una promotora inmobiliaria distinta.
El pago por esas fincas también ha estado rodeado de polémica e inmerso en procesos judiciales, ya que los terrenos se abonaron como suelo industrial, y el Plan General de 2008 (anulado por el Tribunal Supremo) los recalificó para uso residencial. Los trabajadores reclaman que se les pague la diferencia de valor.
La Fiscalía ve prescritos los delitos en la causa contra cuatro directivos del Grupo Álvarez
La acusación particular reconoce que el proceso es "excesivamente largo", pero puntualiza que no se paralizó el tiempo suficiente para su prescripción. El juicio empezó este lunes en Vigo
