Los consumidores que tienen o tuvieron contratada la tarifa regulada de la luz en los últimos tres años pueden llevarse un susto con la factura de mayo. El motivo es que las comercializadoras de último recurso (CUR) —Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo y EDP— están refacturando las tarifas que durante ese tiempo se aplicaron de forma incorrecta por un error de cálculo en la fijación de la parte que marca el Gobierno. Este ha dado libertad a las eléctricas para que decidan si reparten el recargo en varios recibos —tienen de margen desde inicios de año hasta septiembre— o lo aplican de golpe, opción esta última por la que está optando alguna firma.
Al menos así lo denunció este miércoles la organización de consumidores Facua para advertir de que la factura de los usuarios "más vulnerables" puede llegar a inflarse más de un 50% este mes. La asociación tiene constancia de casos de afectados que se encontraron con un incremento mayor en su factura tras recibir numerosas consultas.
El recargo se aplica a los consumidores que durante todo o una parte del período comprendido entre abril de 2014 y diciembre de 2016 tuviesen la tarifa regulada
CAUSAS Y AFECTADOS. ¿Por qué se aplica ese sobreprecio? Para cumplir con tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en noviembre de 2015 que obligaron a modificar el sistema de cálculo de los costes de comercialización que se cargan a las CUR, las eléctricas que ofrecen el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Desde 2009, las compañías repercutían por ese concepto 4 euros por kW de potencia contratada a los usuarios acogidos a esa tarifa regulada, una cuantía que el alto tribunal consideró insuficiente, dando la razón a las firmas que demandaron al Ejecutivo por asumir pérdidas y autorizando la refacturación. La nueva metodología ajustada a los dictámenes del Supremo se aplica desde el 1 de enero e implica una subida del recibo de unos 25 céntimos al año.
¿A quién se aplica el recargo? A los consumidores que durante todo o una parte del período comprendido entre abril de 2014 y diciembre de 2016 tuviesen la tarifa regulada —hoy son unos 12 millones en toda España—, incluyendo a los hogares vulnerables acogidos al bono social de la luz, que les permite beneficiarse de un descuento. Facua denuncia que también a este colectivo se les están cobrando las cantidades "íntegramente". Si el consumidor cambió de comercializadora o se dio de baja, será la empresa que cobró las cuantías en esas fechas la que pasará uno o varios recibos para regularizar la situación. Las facturas deberán indicar a qué período corresponde el recobro, a cuándo dinero asciende y en cuántas veces se realizará.
Según las estimaciones del Ministerio de Energía, para un consumidor medio con una potencia de 4,4 kW y una demanda anual de 3.900 kWh —propia de una familia con dos hijos—, el cargo supone cerca de 8 euros de media por los tres ejercicios.
