El fiscal mantiene las penas para el grupo que lidera Marino Giménez

El juicio por el golpe a unos narcotraficantes en colaboración con un guardia civil quedó visto para sentencias ► La petición de penas se mantiene entre 12 y 4 años
Marino Giménez, a las puertas del juzgado
photo_camera Marino Giménez, a las puertas del juzgado

La Fiscalía ha mantenido este viernes su petición de penas que oscilan entre los 12 años de prisión y los 4 años y seis meses para una banda acusada de intentar robar a otros narcotraficantes una partida de cocaína con la colaboración de un agente de la Guardia Civil. Lo ha hecho durante la última jornada del juicio por estos hechos, que se ha celebrado esta semana en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. Las defensas, por su parte, han solicitado la libre absolución de sus representados.

El agente de la Guardia Civil se encuentra entre los siete procesados, al igual que los dos narcotraficantes que fueron víctimas del asalto en un control policial ficticio orquestado por los otros acusados. Según ha señalado, la idea del grupo era trasladar la droga desde Poio a Mos, y sustraerla mientras el guardia simulaba la realización de un control policial en una gasolinera.

El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha rechazado que la investigación que derivó en esta causa, y que en un inicio estaba orientada a investigar un posible blanqueo de capitales por parte del clan de los Morones, fuese dirigida "deliberadamente" contra un miembro de esta familia, Marino Giménez.


Por la contra, ha asegurado que las pesquisas policiales se orientaron a escrutar "las actividades ilícitas" que compartían los miembros del clan. Considera el fiscal que Marino, hermano de Sinaí Giménez, autoproclamado príncipe de los gitanos gallegos, "dirigió y coordinó" el asalto a los narcotraficantes perpetrado por "un grupo criminal", ya que ve acreditado que los implicados habían realizado actuaciones anteriores similares.

EL AGENTE. Ha tildado de "especialmente grave" la implicación de un agente de la Guardia Civil que "se puso al servicio de los delincuentes para obtener una ganancia económica sin realizar la labor de prevención de la delincuencia" que le corresponde como agente del orden. Para este agente, Enrique P.M., el fiscal solicita, además de una pena de cárcel de 9 años y medio, su inhabilitación absoluta por un periodo de 15 años.


El fiscal ha tachado de "agente corrupto" al guardia civil acusado de colaborar para el robo a los narcos


Durante la vista, se ha referido a él como "un agente corrupto" cuya colaboración fue imprescindible para "tender una emboscada" a los narcotraficantes, formando parte del "núcleo de la operación".

Por su parte, las defensas han interesado la libre absolución de los procesados y han impugnado las escuchas telefónicas de las cuales derivó la causa, por lo que han hecho extensiva la impugnación a todo el proceso, que ven "viciado de raíz".
También estiman que se puede haber "vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva" y solicitan la atenuante de dilaciones indebidas.
Algunas de ellas, además, han solicitado para sus representados la atenuante de drogadicción. La totalidad de los acusados han hecho uso del derecho a la última palabra y se han declarado "inocentes" ante la sala.

Enrique P.M. ha aprovechado la ocasión para defender que fue "detenido por un delito que no se ha producido" y ha censurado que el Ministerio Fiscal se refiriese a él como "un agente corrupto, menospreciando" su trabajo y el de sus compañeros. El caso ha quedado visto para sentencia.

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