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Julián Rodríguez

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Alfombra roja a la inversión

La Xunta plantea subvencionar el coste del impuesto de sociedades para captar empresas

CUANDO RESULTAN endémicos los bajos registros de captación de inversión extranjera, al rondar, año arriba año abajo, el 1% del total nacional, frente a un peso cinco veces mayor en el PIB, parece razonable pensar que Galicia tiene un problema. Si a ello se añade que grandes grupos industriales, caso nada disimulado de Citroën, fuerzan con buenas palabras a sus proveedores a competir por la vía de los costes, lo que inevitablemente les lleva a Portugal, el asunto se complica un poco más. Para armar el rompecabezas solo falta que la economía vecina aproveche el tirón y agite el cóctel, como hace, de todas las ventajas a su alcance para la implantación de empresas extranjeras. Es justo en ese momento cuando se produce el cortocircuito.

Si para hacer una corta en el monte una empresa maderera necesita hasta cinco permisos, y no tenemos todavía del todo claro cuántos metros cuadrados de suelo industrial ofrecen en Galicia las tres administraciones implicadas en el asunto (Xunta, Gobierno y ayuntamientos), pues los obstáculos ya están entre nosotros, no en el exterior, y la avería nos deja un auténtico apagón, en este caso de inversiones empresariales. Portugal, en síntesis, no es el único problema. Por tanto, el tratamiento antifugas no debe ser el único remedio.

Un repaso a la exposición de motivos de la próxima Lei de Fomento da Implantación Empresarial sirve, en primer lugar, para detectar las carencias, desde todos sus prismas, de la realidad socioeconómica gallega para el desarrollo empresarial. Como un hatillo con el que cargamos, la burocracia administrativa emerge como un hándicap. Por tanto, en todo su desarrollo, el proyecto que llegará al Parlamento y del que es autor el equipo de Francisco Conde, conselleiro de Economía, desprende un evidente aire liberalizador. En cuanto a autorizaciones ambientales, por la duplicación de competencias, o en lo que respecta a la simplificación de trámites y otros permisos. Racionalización y agilidad son un mantra para esta nueva norma, a la que parece más que obligado acompañar de una nítida pauta de seguridad jurídica.

Los sectores sobre los que aspira a incidir la futura ley también están identificados. Vienen a ser, en su mayoría, pilares básicos de futuro del tan apetecido como borroso nuevo modelo económico. Energía eólica e hidráulica, minería, actividad forestal y maderera, e incluso en determinados servicios sociales y de centros de atención a la infancia están definidos como objetos de ese deseo desregulador de la norma que llegará al Parlamento en unos meses.

La transversalidad, ese término tan de moda, llega a través de otros dos ámbitos: el fomento del suelo industrial y la fiscalidad. Y aquí llegan las novedades más sustanciales, sobre todo en materia tributaria. "Na medida", dice la exposición de motivos de la nueva ley, "en que a capacidade normativa da comunidade autónoma é moi limitada para articular (...) incentivos mediante exencións, bonificacións ou deducións no marco regulador das principais figuras tributarias, o réxime levarase a efecto mediante a concesión ás persoas promotoras dos novos investimentos dunha subvención cuxa fase de pago se materializará a medida que se afronte o aboamento polo suxeito beneficiario de determinadas figuras impositivas, nomeadamente o imposto sobre sociedades e os tributos locais ligados ao desenvolvemento dos proxectos de investimento". Nada menos.

En otras palabras, la Xunta aspira a subvencionar el coste del impuesto de sociedades a las empresas que se implanten en Galicia o gallegas que realicen grandes inversiones. Al ser un tributo estatal, sin ningún tramo transferido, y por tanto sin margen para la Xunta, la solución parece cuando menos imaginativa. Hará abonos a posteriori, una vez descontados y justificados los pagos del impuesto por parte de las empresas ante Hacienda. El de sociedades, que es el impuesto que grava los beneficios empresariales (el tipo general está en el 25% de las ganancias) es pilar de ingresos para Hacienda. Al menos, hasta la llegada de la crisis. A esta inicativa se unen, por otro lado, mejoras en la financiación de los ayuntamientos vía presupuestos anuales de la Xunta para aquellos que rebajen impuestos, por ejemplo, el Ibi. Otro incentivo.

Completa el cóctel para atraer empresas un censo de suelo empresarial, que dice mucho del desorden actual, y todo un abanico de planes específicos que tiene en la coordinación uno de sus grandes ejes. Por tanto, estamos ante toda una alfombra roja a la inversión empresarial. El objetivo no es otro que hacer de Galicia una economía más atractiva. Falta hace.

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