Blog | Zona Franca

Las tinieblas del Popular

La quiebra no se puede despachar con la simpleza de que era lo mejor para los depositantes

LAS TINIEBLAS comienzan a envolver la quiebra del Banco Popular. Cuantas más explicaciones, menos luz. ¿Fue una simple llamada de las autoridades europeas la que desató todo en la tarde del martes? ¿El plan de contingencia estaba realmente previsto para este fin de semana? ¿Por qué el BBVA desmiente al ministro de Economía y asegura que no estuvo en ninguna puja, ni antes ni después? ¿Con qué intenciones reales llegó hace tres meses Emilio Saracho a la presidencia del Popular? ¿Cuál es la relación entre Ana Botín y el presidente del banco quebrado? ¿Dónde y, sobre todo, en qué momento de esta crisis, hay que buscar a los responsables? Porque los hay, y no son precisamente los accionistas minoritarios. Para ellos, esto supera cualquier corralito. El Banco Popular arrastraba un cáncer, pero murió de un infarto.

En primer lugar, las certezas. En Galicia nos queda apelar a la sensibilidad del adjudicatario, que no comprador, por mucho que se disfraze la operación. Solo eso. Nada más. Lo mejor es ir olvidándonos del Banco Pastor. Estéril ejercicio de romanticismo el de quien invoque el mantenimiento de esa histórica marca. El Santander es especialista en engullir competidores. Lo demostró el padre de Ana Patricia, Emilio Botín. Cuando adquirió el Central Hispano, el grupo pasó a llamarse BSCH temporalmente. Hasta que el financiero cántabro se quitó de encima a José María Amusátegui y todo pasó a ser Santander. A secas. Con Banesto, el noviazgo con la marca duró unos años, quizá porque Ana Patricia pilotaba la filial y tenía que hacerse un nombre en el sector más allá de la cuna.

Podemos apelar a que el Banco Pastor fue absorbido primero y segregado después, hasta convertirse en una filial del Popular. Tiene su balance y cuenta de resultados propia, pero consolidaba con la del Popular. También una suerte de consejo de administración. El Pastor perdió, de forma individual, unos 41 millones de euros en 2016, con unos activos de 11.245 millones. A Ana Patricia Botín le llevará cinco minutos ventilar este asunto, si llega a su despacho. Así de triste es el final de la banca gallega.

¿Y los responsables de todo este fiasco? ¿Emilio Saracho o Ángel Ron, el expresidente? ¿O quizá todos juntos acabaron con el enfermo, uno primero y otro después, a base de recetas improvisadas? Todos miran ahora a la última ampliación del Popular, la de año pasado. Ron logró levantar 2.500 millones, pero de qué modo. El propio Saracho, a su llegada este año, se encargó de desvelar a la autoridad bursátil, entre líneas, que el compostelano había utilizado todo a su alcance para sanear, aparentemente, el banco. Incluso llegó a financiar con créditos a los clientes, algo desesperado, el 20% de esa ampliación. Ahora, esos clientes se quedan con préstamos a devolver, pero sin acciones del banco. El colmo.

Digerir el ladrillo y el Pastor a pulmón, sin ayudas públicas, apelando a una independencia que no podía mantener. Ese fue el gran pecado de Ron. ¿Y Saracho, el banquero de JP Morgan? Pues nada ha firmado desde su llegada al Popular. Ni un papel. Su única aparición pública, cuando se celebró la junta general que le aupó a la presidencia, fue advertir a las claras que apostaba por la venta. Desde entonces, apenas unas cartas a los clientes para asegurar que todo estaba en orden. Nada más. Eso es hilar fino. Las primeras querellas de accionistas en Anticorrupción tienen al consejo de administración de Saracho como objetivo, por supuesta administración deseleal. ¿Y el dinero de esos accionistas? El Santander se pone de perfil. Al fin y al cabo, oficialmente ha adquirido el banco en una subasta, nada clara y llena de sombras, por cierto. Y lo ha hecho comprándolo, es lo que venden unos y otros, a las autoridades europeas. De ahí que el precio haya sido un euro. Es algo más que simbólico, certifica una transacción.

¿Por qué acabó el Popular, solo, en la lona en Bolsa? Sin una intervención del supervisor, la CNMV, que también tendrá que explicar el papelón que ha hecho en la quiebra del sexto banco de España. La capitalización busrátil del Popular era de 20.000 millones hace diez años. Abacó en 1.300 millones. Pasan los días y comienza a armarse un relato paralelo al oficial. Habla, por ejemplo, de la relación entre Ana Patricia Botín y el propio Saracho. Ambos han compartido escenarios en los mismos bancos. Saracho se curtió en la filial Santander de Negocios, de la que Ana Patricia fue directora general. Y los dos han pasado por JP Morgan. Demasiadas coincidencias como para no levantar sospechas, como las que incorporan las primeras demandas judiciales. Años. La crisis del Popular va a tardar años en resolverse. Y faltan respuestas para tanta incógnita.

Un futuro muy gris en la Fundación Barrié
UNOS 120 millones de patrimonio dan para mucho. Eso es lo que cuenta ese relato oficial que intenta blindar el futuro de la Fundación Barrié de la Maza, en su día propietaria de más del 40% del capital del Banco Pastor. El discurso cambia cuando se comprueba que el grueso de ese patrimonio son activos inmobiliarios, singulares, para más señas. Dentro de esos 120 millones de patrimonio están, por ejemplo, las sedes de la propia fundación y las del Pastor, repartidas por A Coruña y Vigo en dos emblemáticos  edificios. Durante años, y antes de su venta al Popular, los gestores del banco buscaron comprador para las sedes, sin lograrlo. Sucedía al inicio de la crisis, es cierto.

En la fundación, en el último año, ha habido una desbandaba de ejecutivos, comenzando por Ana José Varela, nada menos que su directora de inversiones, la número dos de José María Arias. Ana J., como se la conoce, que llegó a sentarse en el consejo de administración del Banco Popular, ocupa hoy un puesto de relumbrón en la OCDE.

La relación de la Barrié con el Popular, de quien era accionista, estaba absolutamente deteriorada en los últimos años. En teoría, vivía de sus dividendos, que fueron a menos en función del descenso de la participación de la fundación. Pero el año pasado, cuando anunció la última ampliación, el banco decidió suspender el reparto de dividendo. Un grifo que se cerraba ya en 2016. Hasta entonces, la Barrié ingresaba más por los alquileres de las sedes al propio banco (5,8 millones en 2015), un arrendamiento a largo plazo que en teoría se debe mantener, que por los dividendos que generaban sus menguantes acciones. Un futuro muy gris.

MANUEL FERNÁNDEZ DE SOUSA
El duro regreso a la Bolsa de la vieja y mínima Pescanova
A buen seguro que le preocupa mucho más su devenir penal en la Audiencia Nacional, donde se eterniza la causa contra él, que la nueva singladura de Pescanova en Bolsa. Sin embargo, Manuel Fernández de Sousa-Faro, el expresidente de la compañía, se mantiene como segundo accionista de la Pescanova que ha vuelto a cotizar, que muy poco tiene que ver con lo que fue, incluso con lo que representaba hace unos meses. Y es que, como sociedad de cartera, la vieja Pescanova regresa a la Bolsa con un único activo: el 1,6% de la compañía con sede en Chapela que hoy está en manos de los bancos. Hace nada, en abril, ese 1,6% era nada menos que un 20% del capital de la multinacional. Cambia el cuento, que diría el sabio. La pregunta es sencilla: ¿por qué la vieja Pescanova vuelve a cotizar dos meses después de que una ampliación de capital activada por los bancos se llevase por delante la participación de los accionistas históricos?

ADOLFO DOMÍNGUEZ
El modisto pasa la página de la crisis con nuevo consejo
ADOLFO Domínguez adelgaza. Lo hizo en tiendas, facturación y negocio durante la crisis. Ahora, lo hace también su consejo de administración, mucho más a la medida del diseñador ourensano, sin voces incómodas de algún accionista clave, como los Puig. La junta general del próximo mes de julio dará forma a ese nuevo equipo, en el que al margen de Luis Caramés, como vicepresidente, emerge la figura de Juan Manuel Fernández Novo, ex director financiero del grupo, un histórico de la casa que ahora vuelve a la primera fila. Adolfo Domínguez pasa también página a la historia de Estanislao Carpio. Ahora sabemos que la compañía abonó una indemnización de 571.000 euros a su exconsejero delegado, al margen de otros 187.000 euros que percibió como consejero ejecutivo. Quedan por despejarse algunas otras incógnitas, en forma de abruptas salidas.

Comentarios