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Agujero negro en las cajas

CUANDO SON los propios banqueros quienes se sorprenden de que algunos de sus colegas no hayan acabado en la cárcel después de años de desmanes es que algo parece no funcionar del todo en este país. Como mínimo. Una democracia no resulta plena si falla uno de los poderes que la sustentan, en este caso el judicial. Pero en el asunto que nos ocupa, más que fallos, hablamos de una lentitud que puede resultar desquiciante si lo que queremos es depurar de una vez responsabilidades, también penales, en el mayor fiasco económico de la historia reciente de Galicia. Esa justicia puede ser lenta, pero al final llama a la puerta. Y como los arietes propios de épocas medievales, acaba echándola abajo.

De que no haya paz para estos supuestos y particulares malvados, los que llevaron a la quiebra a las dos cajas gallegas y envolvieron ese fracaso en el oropel de una fusión, se encarga el propio Estado, en este caso a través de un cuestionado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Y son los técnicos de ese organimo, el mismo que nacionalizó primero y subastó después Novacaixagalicia, los que desde el pasado mes de octubre ya han denunciado ante la Fiscalía nada menos que 13 operaciones irregulares en el seno de las antiguas cajas gallegas, que suman un supuesto quebranto de 980 millones de euros.

Son las derivadas penales de estas operaciones lo que puede resultar determinante para esclarecer el pasado reciente de las cajas gallegas, y a buen seguro es lo que más preocupa a los exdirectivos, por mucho que el foco se haya puesto hasta ahora sobre las indemnizaciones millonarias de unos cuantos, caso que se dirime también en la Audiencia Nacional. Tras los análisis «forensic» que encargó el Frob y que pusieron patas arriba a Novacaixagalicia, nos encontramos con operaciones que siguen un mismo patrón, y localizadas temporalmente en su mayor parte entre 2005 y 2008. ¿Qué sucedió en aquel período negro?

Nada menos que mil millones suman las operaciones irregulares denunciadas en la Fiscalía

Eran los años alegres del boom inmobiliario, que en silencio se estaban convirtiendo en los años locos para los incontestables entones José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso. Fue el momento en que los balances se engordaban a golpe de emisiones de participaciones preferentes, para sacar lustre a unas cuentas de resultados ya debilitadas por una morosidad que se disparaba a muchos kilómetros de Galicia, fruto de una expansión del crédito hacia el Mediterráneo. Fueron los años de la arbitrariedad.

¿Y en qué consistieron esas operaciones que ahora denuncia el Frob? Pues muy clarito: refinanciación de créditos a determinados promotores cuando no estaba nada clara su devolución, reducción de las garantías necesarias en determinados préstamos, renegociación de créditos en empresas participadas, que por un lado habían logrado inyecciones de capital con la entrada de las cajas en su accionariado y, por otro, lograban préstamos para mantenerse en pie. Las cajas evitaban así tener que provisionar esos quebrantos, prestando más y más dinero a sus participadas, y alimentando un puro artificio que en muchos casos acabó en irremediables suspensiones de pagos.

También las operaciones de cancelación de deudas, ya sea por compraventa de activos o dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga, están bajo la lupa de la Fiscalía actualmente. Para colmo, muchas de esas promociones y suelo a desarrollar que financiaron las cajas acabaron en el «banco malo», en la sociedad de gestión de activos tóxicos, de la que el FROB, a mayores, controla un 45%. El resto está en manos privadas. Ese saco roto de activos inmobiliarios es, además, un auténtico pozo sin fondo de pérdidas para el Estado.

Veamos un caso práctico. ¿Puede pasar desapercibido que el director general de una de las cajas llegase a aprobar un préstamo millonario a un grupo promotor del que era socio a título personal? ¿Y que ese crédito acabese en impago y los bienes financiados en el «banco malo» como un activo tóxico más? Ambas preguntas tienen la misma repuesta. Sucedió en los años previos a la caída de Caixa Galicia, con José Luis Méndez al frente. El financiero coruñés concedió un crédito de 10,5 millones de euros a una firma participada por Promoción Urbanística Integral, de la que era socio fundador y en la que todavía sigue como consejero su hijo Enrique Méndez Pascual. La financiación iba destinada a la promoción de un polémico complejo hotelero en el sur de Mallorca que resultó un fiasco. El crédito acabó traspasado al “banco malo”. Fin de la historia. Del agujero negro de las cajas, que en este caso parece no tener fin, acabarán respondiendo tarde o temprano sus responsables. Si los delitos no prescriben antes, claro.

Un año de Abanca y de Juan Carlos Escotet

Las cajas son historia para Abanca. Han pasado doce meses desde el cambio de marca, coincidiendo con el desembarco efectivo de Banesco y de Juan Carlos Escotet, tras años de tumulto constante. Esa ruptura tranquila con el pasado es quizá el intangible más difícil de cuantificar y valorar de estos meses, pero quizá el más determinante. Cambiaron las formas, pero también el fondo. Y sin la crispación de antaño. De manera casi imperceptible, para empleados, clientes, impositores y empresas participadas, la impresión generalizada es que Abanca lleva mucho más de un año entre los gallegos. Y esa percepción resulta difícil de conseguir.

De estos doce meses cabe destacar unos fabulosos beneficios obtenidos al cierre de 2014, en gran medida propiciados por la activación de créditos fiscales de los que gozaba la entidad financiera. Sin ese recurso, por lógica este ejercicio no se alcanzarán las cotas de 1.157 millones netos (601 millones antes de impuestos) del 2014. Si tomamos como referencia el resultado del primer trimestre de este año (129 millones netos), el beneficio neto del 2015 se puede quedar en la mitad, precisamente por esos menores créditos fiscales. En este escenario, con márgenes estrechos, es cuando hacer banca resulta más complejo. El camino parece despejado después de lograr situar la mora por debajo de la media, desde el 17%.

En esta nueva etapa las bazas pasan por combinar el negocio tradicional con un esfuerzo por la banca digital, al tiempo que plazas como Madrid y Cataluña serán, sin duda, ejes de actuación. Y todo, hasta quitarse el lastre de las imposiciones de Bruselas. Ahora, todo son retos para Abanca.

FRANCISCO CONDE. Un gran "pero" a la nueva planificación energética de Soria

Discreto, muy en su línea, el departamento que dirige Francisco Conde ha planteado un interrogante de calado a la nueva planificación energética del Ministerio de Industria, del cuestionadísimo José Manuel Soria. El conselleiro de Economía echa en falta en el documento que regirá los destinos del sector hasta el 2020 una memoria económica. Es decir, sustentar con números los objetivos. Casi nada. Esa memoria económica supone, según la Administración gallega, el necesario anclaje para dar «credibilidad» y «solvencia» a todo el documento. Nos enteramos de todo ello por las alegaciones que han presentado empresas y administraciones al documento del ministerio, al pasar el filtro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Xunta es de lo pocos gobiernos autonómicos que plantea «peros», que están en línea con los de grandes empresas que operan en Galicia, caso de Gas Natural Fenosa.

JACINTO REY. San José refinancia deuda y despeja un futuro con incógnita

El grupo constructor que preside Jacinto Rey ve el camino un poco más despejado desde esta semana. La junta general de accionistas de San José ha aprobado el pacto de refinanciación, tras la entrega de la división inmobiliaria a la banca acreedora. Todo un hito para una empresa que ha sufrido como pocas la crisis inmobiliaria, que estalló justo tras la compra de la vallisoletana Parquersol. Ahora, al margen de la cesión a la banca de la pata inmobiliaria, San José pacta con seis entidades un crédito de 100 millones, que percibirán como garantía de pago warrants convertibles en títulos de la compañía hasta un máximo del 35% del grupo empresarial. Jacinto Rey limpia el balance de su grupo, y mira a Madrid con inquietud, por los dimes y diretes de una eventual paralización de la ‘Operación Chamartín’ por parte de Manuela Carmena, la nueva alcaldesa. El asunto tiene miga.

*Artículo publicado el sábado 27 de junio de 2015 en la edición impresa

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