UNA PALABRA ANTES vale más que dos después. Lo mismo sucede con las normas. Por eso, resulta de agradecer la visita de la ministra de Agricultura a Galicia esta semana, pero quizá sus mensajes de aliento para el sector lácteo lleguen un pelín tarde. Algo más que un pelín, a decir por el conflicto generado cuando apenas llevamos un mes sin cuotas lácteas. Y, sobre todo, algo más que calor y palabras de ánimo es lo que necesita en estos momentos el sector. Isabel García Tejerina, que lleva apenas un año en el cargo, ha visto estas semanas cómo, por la fuerza de los hechos, casi por las bravas, el campo pasaba de estar intervenido por Bruselas vía límites a la producción, es decir, a través de las cuotas, a quedar sometido a la particular intervención de grandes industrias e intermediarios. Consecuencia, ligero aumento de la produccción, de entre un 3% y un 4%, que parece que lo olvidamos, y caída de precios en contratos que se firman muy a la baja, cuando no en blanco, según explícitas denuncias de los sindicatos agrarios, fruto de la presión de quienes mayor capacidad tienen para hacerlo, que son las industrias.
Vayamos por partes. Primero, esas palabas de ánimo de García Tejerina, que con el argumento de que son competencia de las autonomías, echó balones fuera cuando tocó valorar las ventas a pérdidas de las grandes de la distribución, un recurso habitual todavía. En el momento de hablar de lo suyo, de las prácticas abusivas en el sector, que tienen la misma consecuencia, precios por los suelos, la ministra aludió a la Ley de la Cadena Alimentaria y a la reciente creación de la Agencia de Información y Control, que opera ya sea de oficio o mediante denuncias, y cuyo objetivo final es investigar y sancionar esas prácticas cuando se detectan "precios anormalmente bajos». Buenas palabras las de la ministra, sí, porque todavía no hay realidades a la vista. García Tejerina reconoce que ninguno de los expedientes hasta ahora tramitados por la agencia corresponde al sector lácteo.
La improvisación marca los pasos ante los abusos denunciados por el fin de la cuota láctea
Otro ejemplo. La ministra se queda con la Ley de Integración Cooperativa para defender las bondades de la vertebración de un sector dentro de la agroalimentación, sea el que sea, y que en el caso del lácteo tiene a las organizaciones de productores como su punta de lanza. "Un sector vertebrado es un sector competitivo», jalea García Tejerina. Pues bien, solo un tercio de la leche que se está vendiendo sale de las organizaciones de productores, y no siempre va directamente a la industria, si no a los intermediarios, un nuevo actor. Y determinante.
La improvisación reina a placer en esta nueva etapa que afronta el sector lácteo y también sus reguladores, cuya piedra angular se sitúa ahora en Madrid, en el propio Ministerio de Agricultura, y a modo de péndulo llega a Galicia, a la Consellería de Medio Rural. De ese hacer a trompicones de un Gobierno desbordado por los acontecimientos dice mucho el real decreto aprobado ayer mismo en Consejo de Ministros. Su objetivo, regular y sistematizar las declaraciones obligatorias a realizar por los primeros compradores de leche, en un intento por crear una herramienta para el seguimiento de la aplicación de los contratos en el sector lácteo. De paso, con la aprobación de este real decreto se reconoce sin decirlo lo tarde, mal y a rastras que están actuando las administraciones ante el final de las cuotas.
"Un sector vertebrado es un sector competitivo»
Miramos a Madrid y a San Caetano, por cierto un actor no menor aunque ausente en este conflicto, pero deberíamos dirigir también la mirada a Bruselas. La reforma de la Política Agraria Común (PAC) por la que desaparecen las cuotas, emerge el sistema de contratos y se consolidan las organizaciones de productores, siempre tiene la derivada de las ayudas como eje de conflicto y, cuando se consiguen los objetivos, sólido argumento de Madrid para celebrar su gestión. Sin embargo, es relativo. Como señala siempre Higino Mougán, gerente de la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, las ayudas de la PAC, siendo muy generosos, representan el 20% de los ingresos de una explotación. Tenemos, pues, el 80% de los ingresos, que son los que se deben regular ahora, fuera del foco del debate.
Del lado de la industria, hay quien parece decir aquello de que a mí que me registren, caso de Jesús Lence y Leite Río, al advertir que los precios que paga actualmente son equiparables a los de Alemania, Francia o Portugal. La otra cara de la industria autóctona la pone José Luis Antuña, por Feiraco, cuando asegura que si no nos organizamos para negociar, nuestra capacidad será escasa, y si no tenemos contratos estables a largo plazo, indexados a la evolución de determinados parámetros, decidirá siempre el comprador el precio del litro de leche.
A la caza de inversiones extranjeras
POR activa y por pasiva. La Xunta, y su conselleiro de Economía, Francisco Conde, comienzan una singladura tan necesaria como difícil. De resultado incierto, pero que es imprescindible afrontar si queremos que la economía gallega se abra al exterior y pueda presumir de algo más que de una balanza comercial saneada, cuando toca. Se trata de la captación de inversión extranjera. Para ello, el Gobierno gallego recurrirá a «cazadores» de inversiones, como esas grandes compañías que optan por los cazatalentos para realizar fichajes sonados. El Gobierno gallego opta por convocar un concurso, presupuestado en 1,9 millones, para contratar los servicios de tres empresas especializadas. No suena mal la idea. Mucho más discutible es que, según lo presentado hasta ahora, esas firmas cobren el 60% de la retribución fija, y el resto en función de resultados, es decir, de la inversión extranjera que logren captar. Debería ser al revés y primar el carácter finalista del plan. Si todos los gallegos nos vemos obligados a pagar, en definitiva, para que se invierta aquí, pues que ese dinero sirva para el objetivo deseado, y no se vaya por el sumidero de los esfuerzos que justifiquen esas empresas, que casi siempre suelen ser también multinacionales. Seamos serios en esto.
Lo cierto es que Galicia invierte muchísimo más en el exterior frente a los fondos que logra captar del extranjero. ¿Sobra capital autóctono, pues? La respuesta la deberían dar todas aquellas grandes fortunas patrias, integrantes de la lista Forbes, que prefieren comprar magnos inmuebles en otras latitudes antes que apostar por proyectos que generen riqueza en su tierra.
JOSÉ MANUEL VIEITES. La patronal de las conservas quiere pagar en proteínas
ES un histórico del sector conservero gallego. Eso nadie lo pone en duda. El problema llega cuando ejerce y decide trasladarse en el tiempo. Para algunos, concretamente, al siglo XIX. Juan Manuel Vieites, cabeza visible de Anfaco, una de las patronales que mejor ejerce de lobby en Galicia, tiene muy difícil explicar ese nuevo mecanismo que quiere activar para que las empresas del sector paguen hasta un 30% del salario de sus trabajadores bien en productos de las propias compañías o en servicios que oferten. Toda una genialidad. Imaginemos por un momento que las empresas textiles pagan a sus empleados parte del salario en camisetas, que las cementeras lo hacen con hormigón y las madereras con tableros contrachapados... Desde luego, opciones no tan sanas como el planteamiento de Anfaco, que recurre a las proteínas para, de paso, poner en forma a las plantillas de las conserveras. Vaya con Vieites. Será posible.
XESÚS PALMOU. Contas pide medios para la lucha contra la corrupción
GOZA de cierto predicamento, tanto en su partido, el PP, como el en resto de la bancada parlamentaria. Será la prudente equidistancia que suele mantener, pero lo cierto es que cuando habla Xesús Palmou, casi todos le escuchan. El conselleiro maior de Contas asegura que para hacer frente a la lacra de la corrupción, en proporción directa a las nuevas funciones que quieren atribuir al órgano fiscalizador, es necesaria una mayor dotación de medios, es de suponer que tanto técnicos y humanos y, en definitiva, presupuestarios. Eso, o dejar de lado alguna de las iniciativas que tiene encomendadas el Consello de Contas, entre ellas menos informes y auditorías. Mal andamos si tenemos que rebajar unas funciones para incrementar otras. Y todavía más si tenemos en cuenta que los informes de fiscalización siempre llegan, aunque acertados, con mucho retraso.
